La situación de Valgrande-Pajares salta por los aires y acaba en denuncia penal

La gestión de la estación invernal de Valgrande-Pajares, uno de los emblemas turísticos y deportivos del Principado de Asturias, ha derivado en un conflicto judicial sin precedentes que trasciende lo administrativo para adentrarse en el ámbito de lo penal.

Javier Martínez Iglesias, director de la estación de esquí desde diciembre de 2016, aunque en baja médica actualmente, ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias contra los máximos responsables políticos de los que depende la instalación. La acusación es de extrema gravedad: una supuesta inacción prolongada ante deficiencias críticas de seguridad que, según el denunciante, han puesto en peligro real la integridad de trabajadores y usuarios.

La denuncia fue registrada formalmente el pasado 25 de febrero de 2026, y señala directamente a Ana Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, y Manuela Eleazar Fernández Ena, directora general de Deportes y Actividad Física. Martínez Iglesias solicita que el Ministerio Fiscal investigue si la conducta de ambas responsables podría ser constitutiva de uno o varios delitos, basándose en la existencia de un

En el centro de todo esta denuncia penal está la figura del Jefe de Explotación de Remontes. Pese a que varias empresas técnicas han advertido de la falta de conocimientos de este señor, por alguna razón permanece inamovible en su puesto pese a que, al parecer, se ha puesto en peligro la seguridad de trabajadores y usuarios.

Según la normativa vigente, este profesional es quién debe garantizar la seguridad de los medios mecánicos y el responsable de decidir, bajo criterios estrictamente técnicos, si las instalaciones pueden ponerse en marcha cada día. La denuncia sostiene que la administración ha mantenido en este puesto a una persona que carece de la cualificación y aptitud necesarias, desoyendo múltiples informes técnicos y advertencias que se remontan años atrás.

La secuencia de advertencias documentadas es extensa y detallada:

• Diciembre de 2019: Una empresa externa contratada como responsable técnico emitió un primer informe cuestionando la idoneidad del encargado. En este documento ya se mencionaban carencias graves como el «desconocimiento de los sistemas de seguridad», la «improvisación en el mantenimiento» y una alarmante «falta de liderazgo».
• Marzo y mayo de 2022: Una nueva empresa técnica ratificó que el Jefe de Explotación no cumplía con los requisitos exigibles. Se enumeraron deficiencias específicas como el escaso control documental, el desconocimiento de la normativa sobre grandes inspecciones y la incapacidad para tomar decisiones rápidas ante incidencias técnicas.
• Noviembre de 2022: Durante un proceso para el nombramiento de nuevos responsables, un nuevo informe descartó al citado facultativo por su «limitada capacidad técnica» y «poca implicación».
• 20 de noviembre de 2023: El propio Javier Martínez firmó un informe interno en que se listaban 18 funciones esenciales del Jefe de Explotación (seguridad, supervisión de mantenimiento, formación del personal, comunicación de incidentes, etc.) y se concluía que la gran mayoría de ellas no se estaban cumpliendo.

Siniestros y episodios de riesgo vital

Para el director de la estación de esquí, estas deficiencias no son meras irregularidades administrativas, sino que han cristalizado en incidentes reales que pudieron tener consecuencias fatales. La denuncia detalla dos episodios especialmente críticos que demuestran la gravedad de la situación en las pistas de Pajares:

• El descarrilamiento del 7 de abril de 2024: Ese día una cabina descarriló con dos trabajadoras en su interior. Según el relato de los hechos, el remonte se puso en marcha mientras había personal dentro y material interfiriendo en la línea. Las empleadas lograron salir por sus propios medios y activar la parada de emergencia «en el último momento» antes de que el incidente pasara a mayores. A pesar de la gravedad, el expediente interno abierto por este suceso fue archivado apenas un mes después.
• Fallo de frenos el 4 de noviembre de 2025: Durante unas pruebas de carga realizadas en presencia de la propia directora general de Deportes, se produjo un fallo técnico alarmante. Al intentar acoplar el motor térmico a la transmisión de un telesilla, la línea se quedó sin freno y el sistema comenzó a moverse hacia atrás por gravedad hasta en tres ocasiones. Fue necesario activar la parada de emergencia manualmente. Martínez es tajante en su denuncia: de haber ocurrido con pasajeros en las sillas, las consecuencias habrían sido catastróficas y estaríamos hablando de responsabilidades penales con «mucha gente en la cárcel».

La advertencia política y la respuesta institucional

El conflicto no es nuevo para el Gobierno del Principado. En marzo de 2025, Javier Martínez ya compareció ante la Junta General del Principado para exponer estas carencias. En aquella intervención parlamentaria, el director advirtió con dureza que, si no se habían producido accidentes graves con víctimas hasta la fecha, era «afortunadamente» por puro azar.

Sin embargo, la respuesta de la Consejería de Cultura y Deporte, lejos de adoptar medidas correctoras sobre la seguridad, fue la apertura de un expediente sancionador contra el propio director por supuestas infracciones laborales graves y muy graves.

Asimismo, Martínez y varios de sus colaboradores fueron denunciados internamente por «usurpar funciones» del Jefe de Explotación. El director justifica esta asunción de tareas como una medida de «obligada necesidad» ante la falta de desempeño efectivo del responsable designado, asegurando que los servicios técnicos del Principado estaban al corriente de esta situación de facto.

Un clima laboral fracturado y el apoyo social

La crisis ha provocado una profunda fractura social y laboral en el entorno de la estación de esquí asturiana.

Por un lado, una parte de la plantilla se ha alineado con el sindicato CC OO, que muestra su afinidad con el cuestionado Jefe de Explotación.

Por otro lado, el director cuenta con el respaldo público y explícito de una amplia base del tejido social de la zona: clubes deportivos, asociaciones vecinales, concesionarios y el sector hostelero agrupado en la asociación Asturcentral. Estos colectivos han expresado su preocupación por el impacto negativo que este conflicto está teniendo en la imagen de la estación y, sobre todo, en su viabilidad futura como motor económico del concejo de Lena.

Hacia la depuración de responsabilidades

Tras diez años de gestión, Javier Martínez asume que su relación con la cúpula de la Consejería está completamente rota. Considera que los protocolos de acoso laboral y los expedientes disciplinarios abiertos en su contra son una represalia directa por su insistencia en denunciar las faltas de seguridad.

La denuncia ante la Fiscalía marca un punto de no retorno. El director sostiene que lo que comenzó como un conflicto de índole laboral ha escalado a una dimensión penal debido a que la administración, conociendo los riesgos técnicos desde 2019, decidió mantener en su puesto a una persona incapaz de garantizar la seguridad de los usuarios.

Ahora, la justicia asturiana deberá determinar si la inacción de la consejera Vanessa Gutiérrez y la directora general Manuela Fernández constituye un delito de omisión o imprudencia al haber gestionado con supuesta negligencia una infraestructura de transporte por cable donde la seguridad es, por definición, el elemento innegociable.