drones con lectores automáticos de matrícula. El problema es que están haciendo un mal uso de ellos
Desde nada menos que 2019 los 39 drones de la DGT han estado vigilando quién va sin cinturón en el coche, quién va manejando el móvil o quién le pisa más de la cuenta. En EEUU se están dando cuenta del potencial para automatizar la vigilancia y se estima que ya el 80 % de las agencias policiales tienen o están implementando un programa de drones.
El objetivo en teoría es leer matrículas de forma masiva para captar infractores; en la práctica están denunciando que la policía a veces usa esta información de manera abusiva, deteniendo a conductores que no han hecho nada, que son susceptibles de acabar en un centro de inmigración o para rastrear a mujeres que cometen lo que en muchos Estados es un delito: abortar.
Un sistema de vigilancia con IA masivo y autónomo
Las mayores empresas de tecnología policial, como Axon, Flock Safety y Motorola Solutions están ampliando su oferta de drones, anticipando que estos podrían convertirse en una parte importante de sus ingresos a medida que más y más cuerpos policiales los usan. Solo Flock Safety presume de que más de 5.000 agencias del orden público, así como más de 6.000 comunidades y más de 1.000 empresas, utilizan sus lectores de matrículas.
Además de esto, las fuerzas del orden envían drones al lugar de los hechos para proporcionar imágenes con mayor rapidez que la que tarda un agente en llegar.
Los sistemas ALPR (lectores automáticos de matrículas voladores) suelen utilizar cámaras instaladas en carreteras o en vehículos policiales que capturan la imagen del vehículo y, mediante inteligencia artificial, registran la matrícula, la marca, el modelo, el color y otros datos de identificación únicos, como abolladuras y pegatinas en el parachoques.
Esta información -miles de millones de datos- suele almacenarse en los servidores del fabricante y, a menudo, se comparte en redes nacionales de intercambio con departamentos de policía de otros estados y agencias federales, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Algo que no es legal.
Uno de los mayores temores es que estos sistemas almacenan información sensible sobre la ubicación de cada vehículo y muchas veces se usan de forma indebida, más allá de poner multas de tráfico o perseguir a ladrones. Y lo hacen además de personas que no han cometido ningún delito.
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