casi todas las multas recurridas en las ZBE acaban anuladas
El Ayuntamiento de Madrid afronta un serio varapalo judicial: la mayoría de las multas impuestas en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que llegan a los tribunales acaban anuladas. Sólo en casi 600 recursos gestionados por la entidad Dvuelta, los jueces han fallado en contra del consistorio en un 97 % de los casos.
La falta de señalización adecuada y la anulación parcial de la Ordenanza de Movilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid son las principales razones. Pese a ello, el Ayuntamiento mantiene su política de sanciones, en un contexto donde las ZBE aportan más de la mitad de toda su recaudación en multas.
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Un varapalo judicial con cifras demoledoras
El origen de este choque judicial está en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de septiembre de 2024, que anuló varios artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible y dejó en el aire la base legal de las ZBE.
Desde entonces, entre finales de 2024 y lo que llevamos de 2025, los tribunales han dado la razón a los conductores en 558 sentencias ya firmes, a las que se suman otras 383 en marcha. Aunque conviene matizar: estas cifras no representan todas las multas anuladas en Madrid, sino las que han sido recurridas en tribunales (la mayoría en este caso gestionadas por Dvuelta en este caso) y que han terminado con fallo desfavorable para el Consistorio.
Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas de acceso restringido a vehículos más contaminantes. Además, responden a la directiva europea sobre calidad del aire. En Madrid existen tres: la del Distrito Centro, la de Plaza Elíptica y Madrid ZBE, que abarca prácticamente toda la capital. El acceso está controlado por cámaras de lectura de matrícula y la sanción mínima es de 200 euros.
Mientras que en la teoría estas ZBE tienen como objetivo reducir emisiones y mejorar la calidad del aire, en la práctica se han convertido en el gran foco de sanciones. Sólo en Madrid más de 110 millones de euros de los 208 millones previstos en multas este año provienen de estas zonas, según datos recogidos por Gacetín Madrid. Eso, si la justicia no lo impide.
Los dos argumentos que tumban las multas en Madrid
Los jueces han anulado la mayoría de sanciones en las ZBE madrileñas, hasta ahora, por dos motivos principales:
Falta de señalización adecuada. La normativa municipal (artículo 242 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible) obliga al Ayuntamiento a demostrar que ha colocado carteles visibles informando a los conductores de que su matrícula será registrada al entrar en una ZBE. Esa señalización es un requisito legal para que las sanciones sean válidas. Sin embargo, en los juicios el Consistorio no ha aportado pruebas documentales de que esos carteles existan o se hayan instalado de forma correcta. El resultado es que las multas se consideran nulas por vulnerar el derecho de información al ciudadano.
Anulación parcial de la normativa. A esto se suma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (septiembre de 2024), que anuló varios artículos de la Ordenanza de Movilidad al considerar que no estaban suficientemente justificados. Entre ellos, los que daban cobertura a las ZBE.
Por su parte, el Consistorio madrileño defiende que las ZBE son necesarias para cumplir los objetivos de calidad del aire y recuerda que la anulación del TSJM está recurrida. Mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie, la Ordenanza sigue aplicándose y las multas continúan en vigor. Según fuentes municipales, recogidas por El País, “no aplicar las sanciones supondría incumplir la normativa estatal y europea”, lo que podría acarrear sanciones millonarias de Bruselas.
La recaudación en el centro del debate
Madrid es la ciudad española que más recauda por multas de tráfico. Ingresa 3,5 veces más que Barcelona, la segunda del ranking. Este liderazgo se explica en gran medida por las ZBE, que han convertido al conductor en lo que muchos consideran “una fuente estructural de ingresos municipales”.
Y a partir de 2026, los vehículos de reparto de mercancías (DUM) sin etiqueta ambiental perderán la moratoria de la que disfrutan ahora. Eso significa que de no ser sustituidos empezarán a recibir sanciones en las ZBE, lo que puede tener un fuerte impacto en la logística de última milla en la capital.
Lo ocurrido en Madrid no es un caso aislado: desde enero de 2023 todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes están obligadas por ley a tener una ZBE, pero muchas aún no las han implantado o funcionan a medio gas. Recursos judiciales, ordenanzas sin aprobar o impedimentos técnicos han retrasado su aplicación real.
En Cataluña, por ejemplo, el problema era de gestión: hasta hace unos meses no existía un registro autonómico digital para tramitar las excepciones (vecinos, personas con tratamientos médicos, rentas bajas…), por lo que sólo Barcelona y los municipios de su Área Metropolitana (AMB) estaban multando. Con la nueva plataforma de la Generalitat, más de una docena de ciudades empezaron a sancionar. Otras, como L’Hospitalet o Cornellà, siguen pendientes de resoluciones judiciales que condicionan la entrada en vigor de sus ZBE.
Imágenes | Motorpasión, Ayuntamiento de Barcelona
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