Canciller Yván Gil reitera que organismos de cooperación buscan «desacreditar y tutelar» a Venezuela

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reiteró este viernes el incumplimiento de los principios fundamentales de la labor de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos (DDHH), por lo que exigió respete a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

A través de su cuenta en la red social X, el Canciller venezolano reiteró que la cooperación con la nación suramericana “debe estar dirigida a fortalecer a las instituciones públicas y no para desacreditarlas con la intención de tutelarlas”, en referencia a las acciones de esta instancia de la ONU en defensa de acciones conspirativas contra la Patria.

Toda cooperación con la República Bolivariana de Venezuela debe estar dirigida a fortalecer a las instituciones públicas y no para desacreditarlas con la intención de tutelarlas. Venezuela es una nación soberana que exige se respete su soberanía y la carta fundacional de las… pic.twitter.com/0BSwsl2WaO

— Yvan Gil (@yvangil) February 16, 2024

“Venezuela es una nación soberana que exige se respete su soberanía y la carta fundacional de las Naciones Unidas”, manifestó Gil en su reiterada respuesta al pronunciamiento del alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, en torno a la detención de Rocío San Miguel, acusada por su vinculación con el plan magnicida “Brazalete Blanco”, con el que se pretendía asesinar al presidente de la República, Nicolás Maduro.

El ministro señaló que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incumplió principios fundamentales en su labor y asumió una postura parcializada frente a hechos graves, como el intento de magnicidio y los planes frustrados de barrer la institucionalidad venezolana y la paz de los venezolanos y las venezolanas”.

En rueda de prensa desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, el diplomático venezolano anunció este jueves la decisión del Gobierno Bolivariano de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH que funciona en Caracas, con un plazo de 72 horas para que los funcionarios de esta instancia abandonen el país.